La ampliación del Régimen de Zona Fría, establecida por la Ley Nº 27.637, representó uno de los cambios más significativos en la política energética argentina de los últimos años. La norma, sancionada en 2021, partió de una premisa central: el acceso al gas natural no puede evaluarse únicamente como un servicio comercial, sino también como una necesidad vinculada a las condiciones climáticas y a la calidad de vida de millones de hogares.

La ley extendió un sistema de tarifas diferenciales que históricamente beneficiaba principalmente a la Patagonia y a algunas regiones del sur del país. A partir de esta ampliación, el régimen incorporó nuevas localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe y otras zonas con bajas temperaturas o elevada demanda energética durante el invierno.

El fundamento técnico del régimen se apoyó en criterios bioclimáticos definidos por la norma IRAM 11603/2012, que clasifica distintas regiones según su severidad climática. Bajo esta lógica, el Estado reconoció que amplios sectores del país enfrentan consumos energéticos estructuralmente más altos debido al frío, incluso fuera de la Patagonia tradicional.

Sin embargo, el régimen también abrió debates políticos y económicos. Sus críticos sostienen que la ampliación incorporó zonas consideradas templadas y generó subsidios muy extendidos, con costos crecientes para el Estado y para el resto de los usuarios del sistema energético. En 2025, el Gobierno nacional impulsó revisiones y mayores controles sobre los beneficiarios, argumentando la necesidad de focalizar mejor los subsidios

Los argumentos del oficialismo para modificar la ley se centran en alcanzar el equilibrio fiscal y reducir el déficit público, argumentando que el esquema de 2021 volvió al sistema «insustentable». El Fondo Fiduciario que financia los subsidios pasó de tener superávit a registrar un déficit que el Estado debió cubrir con fondos propios. Bajo la nueva normativa, los beneficiarios automáticos volverán a ser únicamente los residentes de las zonas históricas (Patagonia, Puna y Malargüe). En las áreas incorporadas en 2021, el beneficio será focalizado y solo alcanzará a hogares vulnerables con ingresos netos menores a tres canastas básicas totales o incluidos en programas sociales específicos.

Por otro lado, quienes se opusieron a la reforma denunciaron un «tarifazo» encubierto que afectará gravemente a la clase media y a las Pymes. Figuras como el gobernador Axel Kicillof calificaron la medida como un «error» que impactará en las condiciones de vida de millones de argentinos que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes. Se estima que entre 1,6 y 3,2 millones de hogares perderán el subsidio automático, enfrentando aumentos en sus facturas de entre el 30% y el 40%, pudiendo llegar al 100% en algunos casos específicos de usuarios residenciales fuera del nuevo esquema.

La votación en la Cámara de Diputados resultó en 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. El respaldo provino de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal, MID y Producción y Trabajo de San Juan. En contraste, el rechazo fue liderado por Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda (FIT-U), la Coalición Cívica y diversos legisladores de bloques provinciales. No resulta llamativo el «castigo» para la provincia de Buenos Aires, aunque si el que recibieron gobernadores «aliados» al oficialismo, como Córdoba y Santa Fe.

De esta manera, el proyecto prioriza la sostenibilidad financiera para el Estado, permitiendo un ahorro estimado de 272 mil millones de pesos al focalizar la asistencia en los sectores más vulnerables y las zonas de frío extremo. Sin embargo, esto trae como consecuencia en fuerte impacto económico sobre millones de hogares en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que perderán un descuento directo en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo. Además, el hecho de que el subsidio ahora se calcule solo sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura reduce el alivio incluso para quienes logren mantener el beneficio.