La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, el cual propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, obtuvo 135 votos a favor, 100 en contra y 13 abstenciones tras una sesión marcada por intensos debates y la presencia de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. El texto aprobado busca redefinir la responsabilidad penal para adolescentes entre 14 y 18 años, estableciendo un marco legal que permita al Estado intervenir ante delitos cometidos por menores que actualmente no son punibles por su edad.
Los sectores que respaldaron la medida estuvieron encabezados por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), junto con otros bloques aliados como Innovación Federal y sectores de Provincias Unidas. Según los legisladores oficialistas, la aprobación fue el resultado de un análisis exhaustivo de más de veinte proyectos y el aporte de más de treinta especialistas, logrando incluir en el texto una partida presupuestaria de 23.739 millones de pesos para su implementación. Este financiamiento fue un punto central en las negociaciones entre la Nación y las provincias para garantizar la operatividad del nuevo sistema.
Entre los argumentos a favor, los impulsores sostienen que la legislación vigente se encuentra desactualizada y deja al Estado sin herramientas claras para actuar frente a delitos graves perpetrados por menores de 16 años. Asimismo, señalan que países como Uruguay, España e Italia ya cuentan con edades de imputabilidad de 13 o 14 años, por lo que la reforma alinearía a Argentina con tendencias internacionales. Argumentan que el proyecto no es puramente punitivo, sino que incluye un enfoque educativo y de reinserción, prohibiendo la prisión perpetua (fijando un tope de 20 años) y garantizando que los adolescentes no compartan lugares de detención con adultos.
Por el contrario, el rechazo al proyecto fue liderado por un bloque de Unión por la Patria unido y los diputados del Frente de Izquierda, con figuras como Myriam Bregman calificando la propuesta de «marketinera y falsa». Los sectores críticos advirtieron que la medida se aprobó yendo en contra de la opinión mayoritaria de técnicos y especialistas en niñez, quienes consideran que el encarcelamiento temprano de adolescentes no resuelve los problemas de fondo de la seguridad y puede ser contraproducente.
Los principales argumentos de la oposición se centran en que bajar la edad de imputabilidad no soluciona los problemas estructurales de criminalidad y que la clave reside en fortalecer las políticas sociales, educativas y de inclusión. Advierten sobre los peligros de encarcelar adolescentes y señalan que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomiendan priorizar sistemas de protección integral con tratamientos diferenciados del sistema de adultos. Además, se han planteado serios cuestionamientos sobre la financiación del sistema y si los recursos asignados serán suficientes para crear los institutos especializados requeridos.
Por su parte, y a través de una carta abierta dirigida este lunes a los legisladores nacionales, la Iglesia Católica Argentina marcó su postura sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. En el documento, firmado por Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, expresaron su rechazo al proyecto al advertir que “no resuelve el problema”, sino que “lo profundiza”.

“Reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, advirtieron. En ese sentido, pidieron priorizar políticas de salud mental y educación por sobre el enfoque punitivo. Además, señalaron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico.