El Senado de la Nación aprobó, con 42 votos a favor y 30 en contra, el primer proyecto de reforma laboral desde el regreso de la democracia, marcando un hito para la gestión actual. Tras una sesión maratónica de más de 16 horas, el oficialismo y sectores aliados lograron desplazar la resistencia de la oposición, bajo el argumento de que la legislación vigente es «obsoleta» y ha dejado al país con un 43% de informalidad. Sin embargo, la iniciativa ha despertado duras críticas de la oposición, que advierte que estas normas no crean empleo por sí mismas y que la reforma podría «hacer añicos» la doctrina del derecho laboral en el país.
Para el sector empresarial, los beneficios se centran en la obtención de «seguridad jurídica» y una reducción drástica de la «litigiosidad laboral», factores que el oficialismo considera esenciales para evitar que los empleadores teman contratar por riesgo a quebrar ante un juicio. Se busca atacar directamente la denominada «industria del juicio», limitando las cifras que perciben abogados y peritos, y brindando previsibilidad mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para las indemnizaciones. Además, se argumenta que la medida aliviará la «mochila pesadísima» de los costos laborales en un país con una de las cargas tributarias más altas de la región.
Desde la perspectiva de los perjuicios para los trabajadores, los detractores denuncian que la reforma representa un retroceso en los derechos adquiridos y una flexibilización que no garantiza la estabilidad ni la mejora salarial. Un punto de gran preocupación es que, de sancionarse, la ley regiría para todos los contratos laborales vigentes, no solo para los nuevos. Asimismo, se critica la continuidad de los aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales, lo que se percibe como el sostenimiento de un sistema que resta poder de elección al trabajador sobre su propio salario en favor de estructuras gremiales.
La sanción definitiva de la ley queda ahora en manos de la Cámara de Diputados. El texto aprobado incluye puntos controversiales como el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y el mantenimiento del 6% destinado a obras sociales, lo cual generó cortocircuitos internos incluso en el oficialismo. Mientras el Gobierno celebra lo que considera soluciones concretas contra el «empleo precario», la oposición vaticina una alta litigiosidad futura debido a la posible inconstitucionalidad de varios de los artículos aprobados.