La norma establece formación obligatoria, gratuita y continua para toda la comunidad educativa bonaerense, tanto de gestión pública como privada, con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones.
La capacitación será requisito para ascensos y concursos docentes, prevé jornadas anuales de sensibilización y promueve la participación de organizaciones sociales y personas con discapacidad en el diseño de los contenidos.
La provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.556, que crea un régimen de capacitación obligatoria en discapacidad, neurodiversidad y diversidades cognitivas destinado a toda la comunidad educativa del territorio bonaerense. La norma alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada y apunta a consolidar una educación más inclusiva en todos los niveles y modalidades.
La ley comprende a docentes, directivos, equipos técnicos, personal auxiliar y de servicio, quienes deberán participar de instancias de formación gratuitas, continuas y con reconocimiento oficial. Además, la capacitación se incorpora como requisito obligatorio para el acceso a ascensos, promociones y concursos dentro de la carrera docente.
Según se establece en el texto, el objetivo central es sensibilizar y concientizar sobre la discapacidad y la neurodiversidad, incorporando herramientas pedagógicas que permitan comprender y acompañar las distintas formas de aprendizaje, entre ellas las vinculadas al Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones neurodivergentes.
Entre los aspectos destacados, la norma dispone que las instituciones educativas deberán realizar al menos dos jornadas anuales de sensibilización, una de ellas durante la primera semana de abril, en el marco del Día Internacional del Autismo. La autoridad educativa provincial será la responsable de definir los contenidos mínimos, supervisar su cumplimiento y coordinar su implementación en todo el territorio.
La iniciativa fue impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) y Lorena Mandagarán (UCR–Cambio Federal), y se fundamenta en los reclamos de familias y organizaciones que advierten sobre las dificultades del sistema educativo para garantizar trayectorias escolares inclusivas.
La ley también prevé la participación de organizaciones de la sociedad civil, especialistas y personas con discapacidad o neurodiversidad en la elaboración de los contenidos formativos, y autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para asegurar su aplicación.
Con esta promulgación, la Provincia suma un nuevo marco legal orientado a reducir barreras, promover la inclusión y fortalecer el respeto por la diversidad en el ámbito educativo.