El 15 de diciembre de 1983, a apenas cinco días de haber asumido la presidencia, Raúl Alfonsín firmó el decreto que dio origen a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). En un país devastado por siete años de terrorismo de Estado, la creación de la comisión marcó un punto de inflexión histórico: por primera vez desde el retorno democrático, el Estado argentino asumía formalmente la tarea de investigar los crímenes cometidos por la dictadura militar.
La CONADEP no fue un tribunal ni tuvo facultades judiciales. Su misión fue, sin embargo, de enorme trascendencia política, social y simbólica: recibir denuncias, recolectar testimonios, reconstruir el funcionamiento del aparato represivo ilegal y documentar el destino de miles de personas desaparecidas. En apenas nueve meses de trabajo, la comisión reunió más de 7.000 testimonios y dejó asentados los casos de casi 9.000 personas desaparecidas, aunque ya entonces se advertía que la cifra real era sensiblemente mayor.
Uno de los principales aportes de la CONADEP fue haber otorgado legitimidad pública y estatal a las denuncias que organismos de derechos humanos venían sosteniendo desde la dictadura. Las víctimas y sus familiares encontraron, por primera vez, un espacio institucional donde su palabra no solo era escuchada, sino registrada como prueba. El informe final, publicado en 1984 bajo el título Nunca Más, se convirtió en un documento fundacional de la memoria democrática argentina y en una referencia internacional para procesos de justicia transicional.
El impacto del Nunca Más trascendió largamente el ámbito local. Su sistematización del horror, su lenguaje claro y su respaldo documental lo transformaron en una herramienta central para los Juicios a las Juntas de 1985 y en un modelo replicado —con matices— en otros países que atravesaron dictaduras o conflictos internos. En ese sentido, la CONADEP fue una experiencia singular: una comisión civil, plural, con figuras de reconocido prestigio intelectual y moral, que logró funcionar en un contexto político extremadamente frágil.
No obstante, su creación y su accionar no estuvieron exentos de tensiones, límites y controversias. Desde el inicio, la comisión operó bajo fuertes condicionamientos. No pudo investigar responsabilidades políticas y económicas más amplias ni indagar en profundidad la complicidad civil, empresarial y eclesiástica con el régimen militar. Tampoco tuvo acceso irrestricto a archivos de las Fuerzas Armadas, lo que obligó a reconstruir gran parte del sistema represivo a partir de testimonios de sobrevivientes.
Una de las críticas más persistentes se vinculó con la llamada “teoría de los dos demonios”, una lectura que, según diversos sectores, tendía a equiparar la violencia estatal con la de las organizaciones armadas, diluyendo la responsabilidad específica del terrorismo de Estado. Si bien esta interpretación no fue formulada de manera explícita por la CONADEP como política institucional, su prólogo original fue durante años objeto de debates, revisiones y resignificaciones, reflejando las disputas abiertas en torno al sentido de la memoria.
La comisión también enfrentó resistencias abiertas. Sectores militares, políticos conservadores y parte de la prensa cuestionaron su legitimidad, minimizaron sus conclusiones o intentaron desacreditar a sus integrantes. Incluso dentro del propio gobierno democrático existieron tensiones respecto de hasta dónde avanzar en la investigación de los crímenes, en un contexto atravesado por amenazas de desestabilización y levantamientos militares.
A más de cuatro décadas de su creación, la CONADEP sigue siendo una referencia ineludible. Su legado no reside únicamente en el Nunca Más, sino en haber demostrado que la democracia podía —y debía— mirar de frente su pasado más oscuro. Al mismo tiempo, sus límites recuerdan que la construcción de verdad y justicia es un proceso complejo, atravesado por correlaciones de fuerza, disputas políticas y conflictos de interpretación que no se clausuran con un solo informe.
En tiempos en que los consensos democráticos vuelven a ser interpelados, revisitar la experiencia de la CONADEP no implica idealizarla ni reducirla a un símbolo intocable, sino comprenderla en su contexto: como un primer paso imprescindible, valiente y necesariamente incompleto, en un camino que la sociedad argentina continúa recorriendo.