En apenas tres meses, la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni adjudicó contratos por más de 10 millones de dólares para enviar decenas de millones de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas. El problema, según denuncias presentadas ante la Oficina Anticorrupción, la SIGEN y el Congreso: las empresas ganadoras están vinculadas entre sí, los precios varían hasta un 69 % “según conviene”, y nadie sabe todavía a quiénes ni con qué contenido se enviarán esos mensajes. El kirchnerismo habla sin rodeos de “licitación truchísima”. El gobierno, por ahora, guarda silencio.

Todo empezó el 14 de mayo de 2025, cuando la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (dependiente de Adorni) lanzó la licitación 503-0008-LPU25. El pliego pedía un servicio para 2026: 36 millones de SMS, 600 millones de correos y 12 millones de llamadas de voz automatizadas. El 30 de diciembre de 2025 –ya con Adorni como jefe de Gabinete– se adjudicó a ATX SA, del empresario Rubén Santiago Ward, por $3.650.226.300 (equivalente a unos 2,5 millones de dólares al tipo de cambio de entonces).

El detalle que encendió las alarmas: las otras dos oferentes, Area Tech SA y Movilgate SRL, comparten domicilio social (calle Pedro Chutro, Parque Patricios), socios históricos y hasta ex empleados con ATX SA. Pablo Javier Casal, presidente de Area Tech, fue socio de Ward en Lugalu SA y trabajó para él hasta 2022. Rodrigo Páez Canosa, director suplente de ATX, pasó por Area Tech, Lugalu y Movilgate. Area Tech ni siquiera presentó la garantía de oferta y quedó afuera. “La licitación no fue trucha, fue truchísima”, resumió el diputado Rodolfo Tailhade (La Cámpora) al cruzar registros societarios con las actas de Compr.Ar.

Pero la historia no termina ahí. Apenas dos semanas después, el 29 de diciembre de 2025, se lanzó una segunda licitación para 24 a 48 millones de SMS. Esta vez ganó Movilgate SRL con 936.015 dólares. ATX SA volvió a participar… pero cotizó 0,076 dólares por SMS, un 69 % más caro que los 0,045 dólares que había ofrecido en la primera. “Precios según conviene ganar o perder”, ironizan los denunciantes.

La tercera licitación (apertura de sobres el 2 de febrero de 2026) fue para 36 millones de correos electrónicos. Ganó Tsoft Informática SAS con 857.944 dólares; la segunda oferta más baja fue de Tecnosoftware SA por 999.804 dólares. Ambas empresas tienen exactamente los mismos socios: la familia Bidone (Aníbal Juan, Laura Iris, Verónica Martha y Pablo Aníbal). “O los Bidone tienen muy mala memoria o presentaron dos empresas distintas solo para simular competencia”, apuntó DataClave.

El total denunciado supera los 10 millones de dólares, incluyendo dos licitaciones complementarias (gestión de datos y apoyo a sistemas) que están a punto de adjudicarse a la misma órbita. Parte del dinero, según Tailhade, saldrá de un préstamo del Banco Mundial que “pagarán nuestros bisnietos”.

Otro dato incómodo: Rubén Santiago Ward, el gran ganador, es también titular de Exi Group y 5OL, dos financieras especializadas en comprar carteras de deuda en mora y cobrarlas con métodos que acumulan miles de denuncias por hostigamiento telefónico a deudores, familiares y hasta empleadores.

La oposición no se quedó en palabras. Tailhade presentó denuncias formales por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles y violación a la Ley de Contrataciones del Estado. Marcela Pagano (monobloque Coherencia) sumó su firma. Piden interpelación parlamentaria y que Adorni explique ante el Congreso para qué se usarán exactamente esos mensajes y por qué no se declaró ninguna base de datos de destinatarios.

Hasta el momento, la Secretaría de Comunicación a cargo de Javier Lanari no respondió consultas periodísticas. En la nota de adjudicación firmada por el propio Adorni se lee una frase que hoy suena irónica: “La contratación del servicio solicitado es prioritaria e imprescindible, ya que permitirá optimizar la gestión de la comunicación institucional y favorecer aún más el derecho de toda la población argentina a recibir información confiable, clara y oportuna”.

Mientras el gobierno de Javier Milei promete austeridad y combate a la corrupción, estas licitaciones –todas bajo la órbita directa de Adorni– se convirtieron en el primer frente judicial serio contra un funcionario clave del gabinete. La causa ya está en el Juzgado Federal N°11 y, por ahora, solo hay denuncias. Pero los números y los cruces societarios están sobre la mesa. Y en política argentina, cuando las empresas “gemelas” cotizan a precios distintos y nadie sabe a quién le van a mandar millones de mensajes pagados con plata del Banco Mundial, la pregunta ya no es si hay olor a irregularidad. La pregunta es hasta dónde llega el olor.

El caso sigue abierto. Y Manuel Adorni, por primera vez, tiene que dar explicaciones.

FUENTES CONSULTADAS:
– DataClave (15/03/2026)
– Diagonales (marzo 2026)
– Letra P (marzo 2026)
– Sumario (marzo 2026)
– Canal de las Noticias (marzo 2026)