La decisión del gobierno de Milei de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, formalizada el 17 de marzo de 2026, abre una serie de interrogantes críticos sobre la capacidad del país para enfrentar amenazas epidémicas globales, sostener su calendario de vacunación y mantener influencia en la agenda sanitaria internacional.

El 17 de marzo de 2026, el gobierno de Javier Milei concretó la salida formal de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras un año de notificación, el país se convirtió en el segundo del mundo —después de Estados Unidos— en abandonar el principal organismo de coordinación sanitaria global. La decisión, presentada como un acto de “soberanía sanitaria”, genera una alarma técnica que trasciende la retórica política: según el propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Argentina se transformará en un “paciente de riesgo” y quedará “menos segura” ante amenazas epidémicas.

El núcleo del problema radica en la ruptura del principio de universalidad de la seguridad sanitaria. En un mundo donde los virus no reconocen fronteras, la OMS representa la única red global de vigilancia, alerta temprana y respuesta coordinada. Al desconectarse, Argentina pierde acceso privilegiado a información crítica sobre enfermedades emergentes y cambios demográficos. Jeremy Farrar, director general adjunto de la OMS, lo recordó con crudeza: el país ha sido históricamente un proveedor clave de datos sobre dengue; ahora quedará aislado de ese intercambio en tiempo real y de la asistencia técnica especializada que la organización canaliza.

Más grave aún es la amenaza que se cierne sobre la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Aunque el Ejecutivo insiste en que permanecerá en la OPS para garantizar el acceso al Fondo Rotatorio de vacunas a precios competitivos, Tedros fue explícito: “Si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS”. Ambas entidades están estructuralmente entrelazadas. La OPS compra vacunas y medicamentos de alto costo por volumen regional, lo que permite a Argentina obtener precios inalcanzables en negociaciones individuales. Si esa arquitectura se resquebraja, el calendario nacional de vacunación —uno de los más completos de la región— quedará expuesto a costos exorbitantes y posibles desabastecimientos.

Los riesgos no se limitan al corto plazo. Argentina pierde participación en redes globales como la de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, uno de los mayores desafíos sanitarios del siglo XXI junto al cambio climático. También se aleja de marcos regulatorios esenciales: el Reglamento Sanitario Internacional, los protocolos de preparación para pandemias y la agenda mundial de recursos humanos en salud. El exministro Adolfo Rubinstein lo sintetizó sin rodeos: el país pasa de tener un asiento en comités directivos (como el de malaria, del que fue certificado libre en 2019) a quedar literalmente fuera del tablero donde se decide la respuesta a la próxima crisis global.

Desde el punto de vista económico, la narrativa oficial habla de ahorro. La cuota anual a la OMS rondaba los 1.248 millones de pesos y a la OPS 406 millones (datos de 2024). Sin embargo, ese monto palidece frente al costo potencial de negociar vacunas y medicamentos de forma bilateral, perder financiamiento externo para laboratorios como el ANLIS Malbrán y afrontar brotes sin el respaldo técnico de la red mundial. Expertos como el doctor Guillermo Capuya reconocen que la información circula rápido hoy, pero advierten que la asistencia especializada y el financiamiento asociado a la OMS no se reemplazan con acuerdos bilaterales aislados.

El timing agrava la apuesta. La salida se formalizó el mismo día en que se confirmó en el país el primer caso de mpox clado Ib, variante más contagiosa y severa de la viruela símica. Mientras el mundo aún digiere las lecciones del COVID-19, Argentina se retira del sistema de alerta temprana precisamente cuando más se necesita.

Legalmente, la situación aún es un “gato de Schrödinger”, como la definió Steven Solomon, jefe de asuntos legales de la OMS: la Asamblea General de mayo deberá debatir y votar el retiro definitivo. Pero más allá del procedimiento, la decisión refleja una alineación ideológica con la administración Trump —que ordenó la salida de EE.UU. en 2025— y un resentimiento por la gestión de la pandemia que, según críticos, prioriza el ahorro administrativo sobre la protección de 46 millones de argentinos.

En un contexto de amenazas sanitarias cada vez más transfronterizas —dengue, resistencia antimicrobiana, viruela símica, futuras pandemias—, la “soberanía” proclamada por el gobierno se traduce, en la práctica, en aislamiento. Argentina, pionera histórica en cobertura sanitaria universal, apuesta ahora por una vigilancia basada en acuerdos puntuales. La comunidad científica internacional observa con preocupación: el salto al vacío sanitario no solo debilita al país, sino que lo deja solo ante la próxima emergencia global. El costo, advierten los expertos, no se medirá en pesos, sino en vidas.

Fuentes: Euronews, Infobae, La Nación y Página 12.