● Entre 2023 y 2025, el presupuesto del Programa 26 – Desarrollo de la Educación Superior cayó 28,9% en términos reales.
● El 86,1% de ese ajuste se explica por la reducción del gasto en salarios docentes y no docentes.
● El salario docente universitario perdió 31% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025.
● Las partidas de extensión universitaria cayeron más de 97%.
● El programa Progresar redujo 62,4% la cantidad de beneficiarios y 46,5% el poder adquisitivo del estipendio.
● De no aplicarse la Ley N° 27.795, el presupuesto 2026 se ubicará entre 32% y 39% por debajo de 2023 en términos reales, retrotrayéndose a niveles de 2006–2007.
● La aplicación plena de la ley requeriría aproximadamente $3,1 billones adicionales (2,1% del presupuesto nacional 2026), principalmente destinados a la recomposición salarial.
● El proyecto del Poder Ejecutivo:
○ No reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024.
○ Propone aumentos parciales del 4,1% en tres tramos durante 2026.
○ No garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación.
○ Omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento.
A una semana del inicio de las clases en las Universidades Nacionales, el poder adquisitivo del docente se encuentra entre un 30,8% y un 34,3% por debajo del salario que percibía en noviembre de 2023, mes previo al cambio de gestión del Gobierno Nacional; medido sobre la base de los recibos de sueldo de un cargo de Profesor Adjunto con 30 años de antigüedad, no se incluye ni se anualiza el SAC, con lo que los resultados podrían ser peores.
La diferencia entre ambas mediciones es según se considere la inflación que sigue el INDEC (-30,8%) o la inflación medida por CABA (-34,3%) cuya estructura de gastos de las familias está más actualizada que la del INDEC, que dio marcha atrás con el nuevo índice la primera semana de febrero.
De los 26 meses transcurridos desde noviembre de 2023, los docentes universitarios perdieron entre 7 y 7 meses y medio completos de sueldo al no haber actualizado los haberes por el costo de vida. Si tenemos en cuenta la anualización de los aguinaldos, la pérdida sería aún mayor.
Esto significa que, si los docentes hubieran querido llevar el mismo nivel de vida de noviembre de 2023, el salario pagado solo cubría hasta el mes de junio de 2025 y hubieran necesitado endeudarse para cubrir esos 7,5 restantes.
Si se pretendiera percibir una remuneración para poder tener el nivel de vida del mes de noviembre de 2023, se necesitaría un aumento entre el 48% y el 56% de los salarios según tomemos como válida la inflación del INDEC o de CABA respectivamente.
Según los datos del INDEC actualizados solo hasta diciembre de 2025 (no de enero de 2026), el salario real del sector formal ajustado por el IPC de CABA, se redujo desde noviembre de 2023 un -6,3% para el sector privado y un -21,1% para el sector público. Comparando con el -36,6% del salario real del docente universitario, muestra a las claras la política del gobierno nacional hacia el sector trabajador en general y la particular desproporción del tratamiento hacia el sector universitario.
Exigimos la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitaria que se encuentra vigente desde octubre de 2025, pero que el Poder Ejecutivo Nacional no está cumpliendo, para comenzar a sanear la difícil situación en la que se encuentra el sector.
