A semanas del intenso cruce político por la fallida creación de la Comisión Vial Rural en el Concejo Deliberante, se vuelve a colar un debate de fondo: el rol del Estado municipal ante la crisis productiva rural. E bloque Unión por la Patria presentó un proyecto de ordenanza para otorgar alivio fiscal a los productores afectados por las inundaciones que golpearon al Partido de Monte durante el corriente.

La iniciativa llega en un clima marcado por el antecedente inmediato. El proyecto para crear la Comisión Vial Rural, que buscaba “colaborar con el Departamento Ejecutivo en la planificación, ejecución, fiscalización y mantenimiento de los caminos rurales”, terminó en empate y posterior rechazo tras el voto desempate del presidente del cuerpo. Aquel debate dejó expuesto el desacuerdo sobre quién debe administrar los recursos de la tasa rural y cómo garantizar su ejecución.

La discusión había incluido intervenciones de peso. La concejal Mirta Piñón defendió su proyecto recordando que “todos tuvieron la posibilidad de opinar” y citó la Ley Orgánica Municipal: “El Intendente tendrá como auxiliares (…) a las comisiones de vecinos”. Ferrandi sostuvo que “esto no tiene nada que ver con lo que se hizo antes. Lo que se está presentando ahora es la figura de un consorcio”, mientras que Abraham fue más tajante: “La plata de la red vial es de los productores rurales”.
Desde el oficialismo, Coulomme alertó que la propuesta “crea un problema, no una solución”, al plantear “un ente autárquico (…) que maneje millones y no responda a nadie”. Toda la info aca: https://www.lavozdemonte.com.ar/posts/empate-y-tension-en-el-concejo-el-debate-por-la-comision-vial-rural-dividio-al-recinto

Ese telón de fondo vuelve ahora con otra forma: una nueva ordenanza, también impulsada por el peronismo local, pero centrada en exenciones, reducciones y prórrogas impositivas para el sector.

Un proyecto de alivio fiscal ante la crisis hídrica

El texto presentado por Unión por la Patria parte de un diagnóstico claro: “la grave situación hídrica y las inundaciones (…) generaron importantes pérdidas en la producción agropecuaria”. Se cita la normativa provincial vigente y la declaración formal de Emergencia y Desastre Agropecuario emitida por CEDABA y ARBA.r

Los fundamentos sostienen que “las inundaciones han provocado una afectación productiva que supera el 50% en numerosas explotaciones”, por lo que las tasas municipales —especialmente la Tasa Vial— “constituyen una carga tributaria significativa que debe ser aliviada”. También afirman que las medidas propuestas representan “una acción de justicia tributaria, necesaria para garantizar la continuidad productiva”.

En el Artículo 1°, el Concejo adhiere a la declaración provincial de emergencia. El Artículo 2° define el objetivo: un régimen de “alivio y exención fiscal” para quienes cuenten con certificado de afectación.

Qué beneficios propone

El proyecto incluye:

• Exención del 100% de la Tasa Vial y otros gravámenes municipales para titulares con Desastre Agropecuario (afectación ≥ 80%).
• Reducción del 50% para quienes cuenten con certificado de Emergencia Agropecuaria (afectación del 50% al 80%).
• Prórroga automática de vencimientos durante la vigencia del certificado.
• Suspensión de ejecuciones fiscales por seis meses para todos los inmuebles rurales alcanzados.

La adhesión municipal sería condición obligatoria: el Artículo 6° exige que cada contribuyente presente el certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario. La vigencia queda atada al plazo fijado por la Provincia.

Un movimiento político en continuidad

Con esta propuesta, el peronismo retoma la agenda rural tras el traspié legislativo pasado. Si aquel proyecto ponía el foco en la gestión y control de los fondos viales, este lo traslada a la urgencia económica del sector productivo: la merma de ingresos, el daño en los caminos y la necesidad de sostener la actividad.

El precedenrte vuelve inevitable la lectura política: la oposición insiste en abrir el juego y acompañar al campo; el oficialismo defiende la centralización administrativa. En ese ida y vuelta, el alivio fiscal aparece como un nuevo capítulo de un conflicto más profiundo sobre los recursos rurales y su destino.

FUENTE: La voz de Monte